La Corte-IDH ha condenado a Estados por censurar filmes

Texto de Humberto Sánchez Amaya (@HumbertoSanchez) publicado previamente en El Nacional

Lo ocurrido con la película El Inca, que fue prohibida en Venezuela luego de dos semanas de su estreno por el juez Salvador Mata García, tiene precedentes en la región que han sido condenados por organismos internacionales.

En Chile, el 29 de noviembre de 1988, el Consejo de Calificación Cinematográfica impidió la exhibición de La última tentación de Cristo de Martin Scorsese, una decisión que ratificó posteriormente la Corte Suprema de Justicia de esa nación en 1997. LaCorte Interamericana de Derechos Humanos decidió en 2001 que ese país suramericano debía modificar su ordenamiento jurídico para evitar la censura previa.

Bernardo Rotundo, presidente de Gran Cine, recuerda lo ocurrido con La última tentación de Cristo en Venezuela. “La presentamos en 1990, cuando yo estaba encargado de la Sala Margot Benacerraf del Ateneo de Caracas. No hubo censura, pero sí muchas presiones. Colocamos vallas en los alrededores y les lanzaron bombas de pintura. Los distribuidores tradicionales de entonces decidieron no meterse en problemas con la Iglesia. A través del representante de Universal en Venezuela llegamos a un acuerdo luego de seis meses”.

Rotundo cuenta que obtuvieron una sola copia de 35 mm que costó 5.000 dólares. “Programamos 5 funciones los 7 días de la semana. Fue tal la euforia que estuvo dos meses y medio en cartelera. Las entradas se agotaban. Como teníamos acuerdos para presentar otras cintas tuvimos que sacarla, pero inmediatamente la proyectamos en el Cine Prensa, donde estuvo 2 meses más”.

Otros filmes incómodos en el país fueron La hora de los hornos y El último tango en París, cuyo estreno fue prohibido durante el primer gobierno de Rafael Caldera, aunque luego sí llegó a cartelera. El caso de censura más importante hasta ahora había sido el de Ledezma, el caso Mamera (1981) de Luis Correa, que no llegó a las salas de cine. Incluso, su realizador fue acusado de apología del delito y encarcelado.

Cuando analizó lo sucedido con la película de Scorsese, la Corte-IDH hizo referencia al artículo 13.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece una excepción a la censura previa: “La permite en el caso de los espectáculos públicos, pero únicamente con el fin de regular el acceso a ellos, para la protección moral de la infancia y la adolescencia. En todos los demás casos, cualquier medida preventiva implica el menoscabo a la libertad de pensamiento y de expresión”.

Esta convención fue denunciada por Venezuela en septiembre de 2012, por lo que todo hecho violatorio desde entonces no es jurisdicción de la corte, pero sí de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, garante de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. No obstante, la Constitución de Venezuela hace referencia a este acuerdo internacional, por lo que algunos organismos consideran que la denuncia hecha por el gobierno de Hugo Chávez es inconstitucional.

Las audiencias de El Inca. La familia de Edwin Valero solicitó en diciembre el recurso de amparo en contra de la película El Inca para proteger los derechos constitucionales de vida privada, honor y reputación de los hijos del boxeador. El tribunal tomó la decisión de prohibir la cinta, pero ni los parientes ni el juez la habían visto. Fue a comienzos de enero que asistieron a una función privada.

Los abogados de Pa’los Panas Producciones, realizadora del filme, recordaron durante las audiencias que la producción dirigida por Ignacio Castillo Cottin era censura C, por lo que no existía el riesgo de que los hijos de Valero pudieran verla.

Los familiares de Valero no supieron responder cómo toda la información que está disponible en la web sobre los escándalos que el púgil protagonizó no afecta a sus hijos. El deportista murió en abril de 2010 en la prisión en la que se encontraba tras el asesinato de su esposa.

Una de las declaraciones que llamó la atención fue la de Edwar Valero, quien aseguró que nunca lo vio drogarse. Lo hizo pocos minutos después de que su hermana Yaurima afirmó que sí eran públicos sus problemas de consumo de sustancias ilícitas. El 9 de abril de 2010, por ejemplo, Aporrea señaló que el deportista viajaría a Cuba para una rehabilitación, que estaría a cargo de la Fundación Pueblo Soberano.

Un hecho que la productora Nathalie Sar-Shalom no entendió durante el desarrollo del juicio fue cuando la defensora pública Wendy Scharshmidt le pidió perdón en el baño, antes de que el tribunal ratificara la medida el 20 de enero. Cuando el juez pidió las conclusiones de las partes, la funcionaria recomendó que no levantaran la prohibición del filme porque puede afectar a los hijos del fallecido boxeador.

El caso de El Inca se resolvió menos de dos meses después desde que la familia Valero solicitó el recurso de amparo. Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, sin dar un juicio sobre la medida contra el filme, considera que lo ideal es que los tribunales actúen siempre con la misma celeridad. Sin embargo, recuerda que recientemente el TSJ negó una solicitud hecha por el organismo para proteger a los niños frente a la escasez de medicinas, así como no ha pasado de la admisión una acción relacionada con la gratuidad de servicios como la emisión del pasaporte a menores.

El Inca fue seleccionado para el Festival Internacional de Cine de Miami en marzo. La participación dependerá de la devolución del master DCP del largometraje, en poder del tribunal. Para entregarlo el juez puso como condición eliminar varias escenas de la película, lo que implica un gasto superior a 1.000 dólares.

EL DATO

En Chile, la Corte-IDH indicó: “La libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho de tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todas de conocer opiniones, relatos y noticias”. También estableció una multa de 4.290 dólares como reintegro por las gestiones realizadas por los demandantes, representados por la Asociación de Abogados por las Libertades Públicas.

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