Entre obras de arte a la cultura también le monitorearon el voto

Texto de Karla Franceschi (@LytaF) y Humberto Sánchez Amaya (@HumbertoSanchez) publicado previamente en El Nacional

El domingo, la Galería de Arte Nacional estuvo cerrada. Aunque no es esta pinacoteca la que está en remodelación, el Ministerio de la Cultura (con Ana Alejandrina Reyes como titular) decidió que sus puertas no abrieran al público.

¿La razón? Entre Arturo Michelena, Antonio Herrera Toro, Cristóbal Rojas y Emilio Boggio, se instaló desde el viernes una sala situacional desde la que verificaron que los empleados de la cartera y sus 40 entes adscritos acudieran a votar en las elecciones para la constituyente.

El estado mayor de Cultura –creado en 2016 por Freddy Ñáñez e integrado, entre otros por Farruco Sesto, Pedro Calzadilla, Román Chalbaud, Carlos Azpúrua, Zhandra Rodríguez, Gloria Martín, Fruto Vivas, Juan Calzadilla, Carmen Bohórquez, Luis Britto García, Laura Antillano y Lilia Vera– exigió al ministerio un operativo que permitiera al gobierno cerciorarse telefónicamente de que los trabajadores hubieran votado. A algunos les ofrecieron, además, traslado hasta los centros electorales.

La información fue verificada por empleados de diversas instituciones, que pidieron el anonimato. Dicen que es primera vez que presionan a los trabajadores de base. Hasta este momento, el hostigamiento en cultura era reservado a las esferas gerenciales.

La sala situacional trabajó en tres turnos: mañana, tarde y noche, con aproximadamente 40 personas en cada lapso. Todos los entes adscritos tuvieron representantes que se encargaron de llamar a sus compañeros de trabajo para asegurarse de que sí votaron.

Los organismos –entre los que se encuentran la Fundación Museos Nacionales, Monte Ávila Editores, la Fundación Teatro Teresa Carreño y el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía– garantizaron la logística para el personal apostado en la GAN. Comida, hidratación, transporte, efectivo, laptops y celulares con saldo fueron algunos de los requerimientos.

“Fue solo a modo de encuesta. No creo que vayan a hacer algo con esa información. Capaz viene algo de retaliación, pero por las cajas Clap”, dijo uno de los trabajadores que estuvo en la sala durante el turno matutino. No es capaz de revelar la cantidad de votantes; sin embargo, afirma que la mayoría de los jubilados de las diversas instituciones no acudieron al llamado.

Una empleada del CNAC asegura que a ella y a sus compañeros los llamaron no menos de una docena de veces. La mayoría apagó el teléfono o decidió ignorar la llamada. “Esto nunca había pasado”, comentó el mismo domingo. Los supervisores y gerentes les escribieron mensajes de texto que no obtuvieron respuesta.

“Mi país vale más que un quince y un último, por eso yo no voto #CNAC” decía una de las imágenes que los trabajadores difundieron a través de las redes sociales.

Un trabajador del Ministerio de Cultura aseguró que desde hace unos días en la institución se hablaba de un comando para verificar y llamar a los trabajadores para saber si habían sufragado. “Me consta porque me llamaron para verificar si ya había ejercido mi derecho al voto. Los directores estaban monitoreando por mensajes de texto si el personal había acudido”, cuenta quien igualmente acudió a la convocatoria. “Así no hubiese habido monitoreo mi decisión era votar. Siempre participo en las elecciones. Pero esta vez, sí estaban pendientes de que más gente participara”.

Indica también que dos compañeros recibieron llamadas de números institucionales, pero no atendieron. “Solo vieron las llamadas perdidas”. Lo que cuenta este empleado coincide con otros testimonios de personas que simplemente decidieron apagar el teléfono el domingo para evitar presiones.

La organización defensora de los derechos humanos Provea recibió desde el 18 de julio, cuando inició una campaña sobre el problema, un total de 212 denuncias provenientes de 80 entes del Estado en los que se hostigó a empleados públicos para que participaran en los comicios constituyentes. Ese total no implica número de personas, ya que en una sola denuncia puede haber varios empleados afectados.

“En la profunda crisis económica, la pérdida del trabajo podría representar una estocada a la dignidad de una persona en cuanto al acceso a su derecho básico por necesario para la vida como la alimentación”, asegura Provea en un comunicado.

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