Peligra la producción de cine venezolano por la crisis del país

El Miope. Texto de Humberto Sánchez Amaya (@HumbertoSanchez) publicado previamente en El Nacional 

Al ministro de Cultura Ernesto Villegas le hablaron claro. Los voceros de los gremios cinematográficos que el martes pasado se reunieron con él en el Celarg, le manifestaron sus preocupaciones.

Algunas de ellas fueron la poca capacidad de financiamiento del CNAC, el incumplimiento del paso al programa Ibermedia, la inexistencia de un reglamento de la Ley de cine, la necesidad de una mayor participación de la empresa privada y las condiciones, cada vez más adversas, que tienen desde el punto de vista técnico.

“No vengo ni con un camión de pañuelos ni de dólares”, respondió Villegas en el acto, en el que llamó a realizar mesas de trabajo para discutir. También propuso plantear al Ministerio de Comercio Exterior la posibilidad de exportar el cine nacional, y pidió a la gente del sector olvidar aquellos momentos en los que las películas venezolanas tenían presupuestos de Hollywood.

Pero si bien puede sonar plausible la propuesta de exportar cintas para obtener ingresos, el cuestionamiento de varios productores está en qué es lo que se llevará a otros países si cada vez es más difícil concretar los proyectos.

Villegas aseguró que no hay intención de dejar Ibermedia, mecanismo regional para la coproducción, pero tampoco aclaró si se cancelarán los 1,2 millones de dólares que se adeudan desde 2016.

Ibermedia ha servido para coproducir películas como Pelo maloAzul y no tan rosaLa familia y El Amparo, pero Venezuela no paga las cuotas correspondientes desde 2016. Entre ese año y 2017 se aprobaron 17 proyectos, que actualmente se encuentran en un limbo.

El director y productor Joe Torres, quien estuvo en la reunión, hizo énfasis en la necesidad de dar cabida a la empresa privada a través de los artículos 57 y 59 de la Ley de Cine, reformada en 2005. Esos apartados harían posible que los contribuyentes del impuesto sobre la renta inviertan en el cine nacional, y ese monto sea tomado en cuenta como gasto en la determinación del gravamen correspondiente al período en que se realice la transacción. Todavía no existe el reglamento que establecería esas condiciones.

“Eso permitiría que una empresa determinada destine parte del pago del impuesto al financiamiento de cine nacional. Además, si quienes contribuyen con Fonprocine ajustan sus tarifas a la realidad, obviamente aumentarán los ingresos y así se puede contar con mayores recursos”, indica quien también es presidente de la Comisión de Peritos del CNAC, sobre el fondo que recauda porcentajes a través de boletos de cine, cuotas provenientes de exhibidores, cableoperadoras, distribuidoras de películas y productoras, entre otros.

Asegura que en ningún momento están pidiéndole al ministro dinero del Estado, sino dinamizar la actividad económica.

Pero la tarea no es fácil. Es cuesta arriba acordar incluso el origen de las cifras. La comisión que preside Torres indexó los promedios de los costos actuales de producción al índice de inflación de la Asamblea Nacional, que no es reconocida por el Ejecutivo.

“No hay ningún organismo del Estado venezolano que lo haga. Entonces, el CNAC acepta la realidad hiperinflacionaria, pero no así el índice publicado por el Legislativo”, indica.

El director reconoce que la propuesta de aumentar los precios es drástica: “Es un shock, pero responde al país rentista que fuimos. Cuando esa renta se acaba, queda  el verdadero costo de las cosas”, dijo.

De acuerdo con el último informe de la comisión, realizado en julio con el índice de la AN de junio, el costo promedio de una película está entre los 140 millardos y los 263 millardos de bolívares. El equivalente actual en divisas de lo otorgado por el CNAC puede ser de 800 dólares, cuando anteriormente podía superar los 800.000.

La situación repercute incluso en la promoción de las películas, actualmente mínima, cuando hace unos años era mucho mayor.

Reglamento en el limbo. La productora Claudia Lepage, quien también estuvo en el encuentro como miembro de la Asociación Venezolana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales, recuerda que el 6 de abril de este año, en la sede del CNAC hubo una reunión de representantes del gremio con las consultoras jurídicas Verónica González, del Seniat, y Priscila Guía, del Ministerio de Cultura, a quienes se acordó enviarles el anteproyecto del reglamento de la ley para su revisión. Actualmente se trabaja con un instrumento que corresponde a la ley de 1993, que no ha sido actualizado desde la reforma de 2005. “Hace años a nosotros nos informaron que estaba en la Procuraduría General. Pero un abogado de ese ente me dijo que nunca había sido introducido”, asegura Lepage.

Juan Carlos Lossada, ex presidente del CNAC, indica que fueron varios los intentos para lograr la aprobación del mecanismo. “El gobierno ha ignorado los planteamientos hechos ante varios ministros, a quienes debo reconocer que hicieron las gestiones, pero en instancias superiores impidieron que se publicaran en Gaceta Oficial”.

La normativa.  En la comunidad cinematográfica cada cierto tiempo surge el tema de una nueva reforma de la ley, pero hay quienes consideran que no es el momento. Lepage es una de esas personas. “No están dadas las condiciones debido a la ingobernabilidad existente. Hay una dualidad. Por un lado está la Asamblea Nacional, elegida por millones de personas, y por otro una asamblea nacional constituyente que en Avepca no reconocemos como legítima. En ese contexto, cuando los gremios discrepan en este punto, no se logrará un acuerdo. Ahora bien, si revisamos los reglamentos internos del CNAC, podrían facilitar y mejorar muchos elementos afectados en este momento por la crisis”.

Con respecto a una eventual reforma, Lossada también la rechaza en las actuales circunstancias. “En 2005 hubo un esfuerzo muy grande para que llegaran a un acuerdo todas las facciones políticas. Ahora, ese planteamiento no corresponde a la realidad de Venezuela, que atraviesa un grave momento político y económico. Además, el único órgano constitucional para modificar y aprobar leyes es la Asamblea Nacional. Sé que desde hace tiempo varios sectores del gobierno han querido meterle mano a la ley y a instituciones como el CNAC”, acota.

La nacionalidad. Otra de las preocupaciones de Torres y Lepage, así como de otros integrantes del sector, es la poca capacidad negociadora económica de los productores venezolanos al momento de buscar coproducciones en el exterior. Eso implicaría que muchos cineastas, para poder realizar sus proyectos, acudirían a países que financiarían mayoritariamente los filmes, y la participación venezolana sería mínima o inexistente.

“Corremos el riesgo de perder la nacionalidad de las películas. Por la disparidad de la moneda y las dificultades de financiamiento, estamos cediendo mucho para lograr obtener el dinero. Por eso, varios cineastas venezolanos como Claudia Pinto o Lorenzo Vigas han buscado hacer sus segundos largometrajes en otros países”, comenta.

Rodolfo Cova, productor venezolano radicado en México, considera que lo importante es hacer películas. “Es lamentable que los proyectos pierdan la nacionalidad, pero prefiero filmar la película con una pequeña participación que no hacerla. Hay mucha gente realizando grandes esfuerzos por conseguir fondos y filmar en el país, quizás esos proyectos tengan minoría en relación con el porcentaje de explotación comercial o de derecho de autor, pero si se filma allí el talento mayoritariamente será criollo, se habrá invertido en el país y en el talento local, para mí eso también ayuda en estos tiempos de crisis”, asevera.

Responde a señalamientos. Lossada rechaza las acusaciones publicadas en Ciudad CCS que indican que su salida de Ibermedia  se debió a manejos irregulares de recursos.

“Jamás ocupé cargo en Ibermedia. También es mentira que haya una Dirección Ejecutiva de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica, de la que fui coordinador general y director de Relaciones Internacionales. Esa información muestra el afán de tratar de mancillar mi honor. Esas funciones cesaron en mayo, pero este organismo tuvo que reconocer ante la administración española que era un despido improcedente, por lo que debieron negociar el resarcimiento de daños a mi persona a cambio de que yo retirara la demanda por esa acción que fue irresponsable y satisfacía las presiones del gobierno venezolano por su incomodidad de que yo tuviera un cargo en el cine iberoamericano”.

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