El lunes 28 de septimbre fue el día mundial del tema. Organizaciones presentaron un proyecto a la Asamblea Nacional, pero todavía no hay respuesta

En Venezuela no hubo mucho que celebrar en el Día Mundial del Acceso a la Información Pública, pues es uno de los pocos países de América Latina que aún no tiene una ley que garantice ese derecho a todos los ciudadanos.
Aunque el artículo 51 de la Constitución establece que toda persona puede pedir información a cualquier autoridad y obtener respuesta, la organización Transparencia Venezuela considera que la ausencia de una ley permite que el ejercicio de ese derecho esté sujeto a la discreción del funcionario público sobre cómo, cuándo, cuánto y qué datos entregar.
La ONG indica que tienen que existir algunas restricciones para el acceso a la información pública, pero deben estar establecidas en una norma.
Deben limitarse a datos que expongan la intimidad de alguna persona, números de cuentas bancarias, preferencias sexuales, temas que vulneren la seguridad nacional, estrategias del Estado en un juicio o datos protegidos por secretos industriales, financieros o científicos. Cuando el Estado se niega a entregar información alegando causas como esas, debería ser su obligación explicar por escrito la razón.

En el periodismo
Varios periodistas venezolanos en los últimos años han denunciado que se les niega información que requieren del Gobierno.
En 2007, la ONG Espacio Público hizo una evaluación al respecto. Formuló 46 solicitudes a varios organismos del Estado sobre salarios, presupuestos y otros datos oficiales. En 87% de los casos la respuesta fue negativa. En 2008 se hicieron 157 a 50 instituciones estatales y 71,34% no respondió.
Carlos Correa, director del organismo, considera que aunque hubo mejoras, los resultados son muy bajos.
En el país hay dos ordenanzas en Ejido, Mérida, y en el municipio Los Salias, Miranda, que garantizan el acceso a la información.
En Anzoátegui hay una ley desde 2007. En el estado Miranda se aprobará una el 6 de octubre.
La Coalición Proacceso, integrada entre otras organizaciones por Transparencia y Espacio Público, presentó el año pasado ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley, pero hasta ahora no han recibido respuesta formal.
En América Latina hay legislación o decretos que garantizan ese derecho en México, Perú, Uruguay, Chile, Ecuador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Argentina, Bolivia y República Dominicana.